Gobierno de Milei amplía privatización de red de autopistas nacionales
El Gobierno de Javier Milei avanza en la privatización de más de 3.900 kilómetros de autopistas argentinas, parte de la política para desmantelar la obra pública estatal.
El esquema impulsado por la Administración ultraliberal otorga a los consorcios empresariales la facultad de emprender explotaciones comerciales complementarias. Foto: EFE.
22 de julio de 2026 Hora: 16:19
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El Gobierno del presidente Javier Milei ejecuta la tercera etapa de privatización de las carreteras argentinas mediante el traspaso de la empresa estatal Corredores Viales a manos privadas, un proceso que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y que implicará un encarecimiento en las tarifas de peaje para los usuarios.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, 22 empresas privadas presentaron 50 propuestas para adjudicarse la explotación, administración y mantenimiento de los ocho tramos sometidos a licitación en todo el país.
El esquema impulsado por la Administración ultraliberal otorga a los consorcios empresariales la facultad de emprender explotaciones comerciales complementarias para incrementar sus ingresos, acumulando más de 9.000 kilómetros de la red vial concesionada bajo el régimen de peajes.
Esta medida se enmarca en la política de desmantelamiento de la obra pública estatal y la entrega de infraestructuras estratégicas al capital privado, profundizando las políticas de ajuste económico en detrimento de la población y del patrimonio de la nación.
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En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un plan de lucha que contempla un paro general de 36 horas con movilización masiva en rechazo a las políticas económicas implementadas por Milei.
La CGT, en alianza con las dos CTA y la UTEP, inició las protestas acompañando la marcha de los jubilados frente al Congreso nacional para exigir el cese de los recortes socioeconómicos que siguen deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras y los más vulnerables.
Representantes de la cúpula sindical denunciaron la profundización de la recesión económica, la paralización del consumo, el cierre masivo de empresas y aumentos superiores al 300% en el costo de los servicios básicos.
Asimismo, cuestionaron la congelación de los bonos previsionales frente al costo de los medicamentos y alimentos, y rechazaron la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y el desmantelamiento de las instituciones estatales, ratificando la continuidad de las medidas de fuerza si no se modifica el rumbo económico.
Autor: teleSUR - lf - DE
Fuente: Agencias
